Hace pocos días, se emitió el último informe de Reporteros sin Fronteras, en donde se pone en evidencia la baja en los niveles de acceso a la información y los problemas que tiene nuestro país con la libertad de expresión.
Aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución chilena y en el ordenamiento jurídico, no siempre se respeta en la práctica. El periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar al periodismo.
En el ranking publicado a inicios de mayo, grafican que nuestro país pasa del lugar 52 al 69 en el contexto general. Además, según el reporte se visualiza poca independencia económica de los medios de comunicación, por lo que se hace más complejo el dar garantías a la libertad de expresión y de información.
DENUNCIAS EN CHILE
En lo que se refiere a los casos y denuncias que existen en nuestro país, desde el Observatorio por el Derecho a la comunicación, se emitió un nuevo reporte, en donde se comprueba con datos empíricos la tendencia, y donde la violencia digital es un tema sensible y que ataca principalmente a mujeres periodistas o líderes de opinión.
En el análisis y monitoreo al sistema de agresiones a la prensa, existen un total de 132 vulneraciones a la libertad de prensa; 94 casos de acciones de violencia o restricción a la labor informativa. Y un total de 38 obstaculizaciones para acceder a la información vía transparencia.
Además, se debe dejar en evidencia que la distribución y comparación de casos que derivaron en procesos judiciales, entre el 2023 y el 2024 existe un aumento de 7 a 18 casos. El indicador de procesos judiciales presenta un incremento notable en 2024. Aunque no se registraron acciones constitucionales durante dicho año, se observan más situaciones de índole penal, donde el 44% de los casos (8) involucran a autoridades, funcionarios públicos o figuras públicas vinculadas a partidos, movimientos o bloques políticos.
En relación a los cargos de los presuntos agresores, se identifican a alcaldes (2), diputados (1), ex candidato a alcalde (1); y ex candidato a concejal (1). En cuanto a la afiliación política, 5 se vinculan a la derecha, 2 de izquierda y uno se declara independiente.
Las agresiones a mujeres en el año 2024 llegaron a 41 casos denunciados, y las formas en que se desarrollaron las vulneraciones en contra de mujeres periodistas (4), las que se expresan en acoso digital masivo, despachos en vivo en matinales o coberturas periodísticas respecto de figuras políticas que son investigadas en el marco de procesos judiciales, se posicionan como escenarios de alto riesgo para la libertad de prensa, siendo las mujeres las víctimas reiteradas durante el 2024.
Por último, se debe mencionar que se percibe un aumento en violencia digital, se consolida la estigmatización como herramientas para desacreditar a periodistas; las alertas de género van en aumento, y los ataques digitales a medios o periodistas se intensifican, afectando principalmente a la prensa digital.
A eso se aprecia una judicialización de la prensa; con aumento en procesos contra medios locales y digitales, que tienen foco en el periodismo de investigación. A lo anterior, vemos una persistencia en violencia estatal, como los principales agresores. Se incluye, el aumento de agresiones por parte de personal de seguridad de organismos públicos.
Por lo que podemos señalar, es que todos los días se ponen en juego los valores democráticos y la libertad de expresión se ve amenazada, por lo que el llamado es a que se otorguen las garantías a los periodistas y medios de comunicación para realizar su labor, más cuando se viven contextos complejos como pueden ser contiendas electorales, o casos judiciales que requieren de la información oportuna, apegada a la ética y con todas las fuentes involucradas.
Por Marcel Gaete /Pdte Consejo Regional Ñuble Colegio de Periodistas
