La seremi de Gobierno, Valentina Pradenas, participó del seminario «Gestión comunitaria y seguridad escolar en la reducción del riesgo de desastres», enmarcado en el proyecto FOVI 230212, liderado por el Centro de Estudios Ñuble de la Universidad del Bío-Bío, con apoyo de Senapred. La jornada se centró en los desafíos que enfrentan las comunidades de Ñuble, particularmente en la provincia de Itata, debido al aumento de desastres socionaturales causados por el cambio climático.
Durante el seminario, se presentaron los resultados de la encuesta “Percepción y preparación ante procesos de riesgo de desastre en Ñuble”, instrumento de diagnóstico que buscó caracterizar la percepción ciudadana y el nivel de preparación de la comunidad frente a desastres, revelando tanto áreas de fortaleza como necesidades de mejora en la gestión del riesgo a nivel regional, provincial y comunal. Los principales temas abordados incluyeron experiencias previas ante desastres, comunicación del riesgo, preparación para desastres y resiliencia percibida.
Durante la instancia, la Vocera de Gobierno, Valentina Pradenas, resaltó la relevancia de estas iniciativas, subrayando que “la adaptación al cambio climático requiere del compromiso y la acción de todos los actores sociales. Desde el Gobierno, reconocemos la importancia de fortalecer las capacidades locales y de trabajar en conjunto con las comunidades para hacer frente a los desafíos que se presentan en Ñuble. La gestión del riesgo no solo implica estar preparados, sino también fomentar la organización y cohesión social, claves para la resiliencia ante desastres. Estas iniciativas nos permiten construir una cultura de prevención, basada en datos concretos y la participación activa de nuestra gente”.
El proyecto FOVI 230212 tiene como objetivos fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y académicas, mejorar las capacidades de adaptación en zonas vulnerables y promover estrategias de resiliencia comunitaria ante la variabilidad climática. La iniciativa enfatiza la importancia de contar con datos específicos para desarrollar intervenciones pertinentes y subraya la necesidad de incluir el fortalecimiento comunitario en los planes de gestión de riesgo.
“El proyecto busca diagnosticar las capacidades y vulnerabilidades de comunidades expuestas a incendios Ñuble, especialmente, en la provincia de Itata. Utilizando técnicas participativas y cartografía social, se identificaron vulnerabilidades ambientales, infraestructurales y organizacionales, además de una falta de conocimientos específicos sobre cómo enfrentar incendios forestales, a diferencia de otras amenazas como los terremotos”, aseguró José Sandoval Díaz, director del Centro de Estudios de Ñuble y académico de la UBB.
Quien lideró el estudio, agregó que “los resultados resaltan la importancia de mejorar el acceso y la infraestructura básica, así como la organización y cohesión social, fundamentales para enfrentar estas emergencias. El siguiente paso es implementar un plan piloto de intervención para fortalecer las capacidades locales”.
Los hallazgos preliminares de la encuesta revelan que el 97.7% de los participantes ha experimentado al menos un desastre, con un promedio de tres por persona. Los terremotos/tsunamis (60.8%) y los vientos fuertes (24.9%) son los desastres que han causado más daño, principalmente pérdidas económicas (39.5%) y daños en viviendas (37.9%). Sin embargo, solo el 20% de los hogares cuenta con un plan de emergencia y el 23.1% conoce las rutas de evacuación. Las medidas más comunes son la posesión de linternas (83.1%) y alimentos no perecibles (70.5%).
En cuanto a la información durante emergencias, el 59.5% de los encuestados conoce el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Prefieren usar redes sociales como WhatsApp (64.4%) y Facebook (54.1%) sobre medios institucionales como el teléfono (38%) y los sitios web oficiales (3.8%).
Finalmente, la decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío, Dra. Fancy Castro Rubilar, agradeció al Centro de Estudios Ñuble por su compromiso con la educación y la seguridad comunitaria y los diversos actores sociales que fueron parte tanto de la etapa del diagnóstico como el informe final.
