La iniciativa que contó con las firmas de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad social asociados a estos funerales de riesgo.
“No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades, por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos”, manifestó el Mandatario durante la ceremonia.
Detalles del Proyecto de Ley
Limitación de las condiciones para llevar a cabo los narco funerales: Se propone que la ceremonia o acto fúnebre se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio donde será la sepultura o cremación del fallecido y restringe la cantidad de personas que podrán asistir. Esto permitirá acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales que realizan el funeral y así resguardar la tranquilidad y la seguridad en el espacio público.
Reducción del tiempo para el proceso funerario a máximo veinticuatro horas: Permitirá optimizar los recursos humanos y económicos que las policías asignan para resguardar y fiscalizar este tipo de funerales, y así puedan dedicarse a otras tareas prioritarias para el resguardo de la seguridad, maximizando la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
El Delegado/a Presidencial Regional respectivo se encargará de resolver si se trata de un funeral de riesgo (o narco funeral), en base a un informe de Carabineros de Chile que determinará el nivel de riesgo del funeral de acuerdo a las siguientes variables: antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y cantidad de familiares directos con registros delictivos. Estas variables y la escala de riesgo quedarán establecidas en un reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Otras iniciativas del Gobierno para enfrentar el narcotráfico
Este proyecto de ley es parte de un conjunto de iniciativas que ha llevado adelante el Gobierno para hacer frente al narcotráfico, entre las cuales destacan:
Ley Antinarcotráfico: Despachada en marzo de este año, entrega mayores facultades al Estado y al Ministerio Público para perseguir la ruta del dinero e incautar el patrimonio de las organizaciones de narcotraficantes. Permite mejorar la persecución de estas organizaciones criminales, regula el destino de los bienes incautados y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Aumenta penas para quienes utilicen a menores de edad para cometer delitos ligados al narcotráfico y a quien suministre drogas sin consentimiento.
Ley contra el crimen organizado: Ley publicada en mayo de 2023, perfecciona la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Política Nacional contra el crimen organizado: Instrumento de gestión pública que articula acciones en torno a 10 ejes estratégicos y 103 acciones. Construida intersectorialmente en el marco del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado compuesto por 17 instituciones. Dentro de sus medidas se considera de manera transversal el combate al negocio ilícito del narcotráfico y el desbaratamiento de bandas.
Demolición de narco mausoleos: Como compromiso del Presidente Boric en su segunda cuenta pública, se está llevando adelante el plan de demolición de Mausoleos Narco y la recuperación de dichos espacios, que hasta ahora alcanza 8 demoliciones desde el 6 de junio a la fecha, en las comunas de Lo Espejo, La Granja, Quilicura, Lo Prado, Maipú, Renca y San Ramón en la RM, y se contemplan nuevas demoliciones a lo largo del país.
El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, presentó un Proyecto de Ley que busca limitar estrictamente los funerales de alto riesgo, también conocidos como “narco funerales”.
La iniciativa que contó con las firmas de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad social asociados a estos funerales de riesgo.
“No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades, por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos”, manifestó el Mandatario durante la ceremonia.
Detalles del Proyecto de Ley
Limitación de las condiciones para llevar a cabo los narco funerales: Se propone que la ceremonia o acto fúnebre se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio donde será la sepultura o cremación del fallecido y restringe la cantidad de personas que podrán asistir. Esto permitirá acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales que realizan el funeral y así resguardar la tranquilidad y la seguridad en el espacio público.
Reducción del tiempo para el proceso funerario a máximo veinticuatro horas: Permitirá optimizar los recursos humanos y económicos que las policías asignan para resguardar y fiscalizar este tipo de funerales, y así puedan dedicarse a otras tareas prioritarias para el resguardo de la seguridad, maximizando la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
El Delegado/a Presidencial Regional respectivo se encargará de resolver si se trata de un funeral de riesgo (o narco funeral), en base a un informe de Carabineros de Chile que determinará el nivel de riesgo del funeral de acuerdo a las siguientes variables: antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y cantidad de familiares directos con registros delictivos. Estas variables y la escala de riesgo quedarán establecidas en un reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Otras iniciativas del Gobierno para enfrentar el narcotráfico
Este proyecto de ley es parte de un conjunto de iniciativas que ha llevado adelante el Gobierno para hacer frente al narcotráfico, entre las cuales destacan:
Ley Antinarcotráfico: Despachada en marzo de este año, entrega mayores facultades al Estado y al Ministerio Público para perseguir la ruta del dinero e incautar el patrimonio de las organizaciones de narcotraficantes. Permite mejorar la persecución de estas organizaciones criminales, regula el destino de los bienes incautados y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Aumenta penas para quienes utilicen a menores de edad para cometer delitos ligados al narcotráfico y a quien suministre drogas sin consentimiento.
Ley contra el crimen organizado: Ley publicada en mayo de 2023, perfecciona la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Política Nacional contra el crimen organizado: Instrumento de gestión pública que articula acciones en torno a 10 ejes estratégicos y 103 acciones. Construida intersectorialmente en el marco del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado compuesto por 17 instituciones. Dentro de sus medidas se considera de manera transversal el combate al negocio ilícito del narcotráfico y el desbaratamiento de bandas.
Demolición de narco mausoleos: Como compromiso del Presidente Boric en su segunda cuenta pública, se está llevando adelante el plan de demolición de Mausoleos Narco y la recuperación de dichos espacios, que hasta ahora alcanza 8 demoliciones desde el 6 de junio a la fecha, en las comunas de Lo Espejo, La Granja, Quilicura, Lo Prado, Maipú, Renca y San Ramón en la RM, y se contemplan nuevas demoliciones a lo largo del país.