El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, informó que por cuatro delitos de negociación incompatible fue formalizado Jorge Vaccaro Collao, por hechos que ocurrieron entre los años 2016 y 2019, periodo en que el imputado se desempeñaba como concejal de la Municipalidad de Chillán.
El primer hecho dice relación con no haberse inhabilitado, en marzo de 2016, de la aprobación, por parte del Consejo Municipal, de un proyecto de instalación de alumbrado público de luminarias LED en el acceso norte de Chillan. Esto, pues se lo adjudicó Copelec Ltda por $106 millones, empresa de la que el exconcejal era director suplente y socio, y, por lo tanto, dueño de acciones de participación, beneficiándose de las utilidades de la empresa.
Según expuso el fiscal Sergio Pérez, también debió haberse inhabilitado en una votación del Consejo Municipal de abril de 2016, cuando se aprobó una subvención municipal para la ONG Luces del Futuro que solicitaba $900 mil para comprar un equipo electrógeno. El imputado, su esposa, hijos y sobrina forman parte de esta organización no gubernamental.
También como concejal aprobó, en agosto de 2016, otra licitación sobre reposición de luminarias públicas en el acceso norte de Chillán, la que se adjudicó Copelec por casi $69 millones.
“De esta manera, el imputado se interesó de manera directa en dicho acto, debiendo haberse inhabilitado, toda vez que era socio de la empresa oferente y por tanto dueño de acciones de participación, percibiendo beneficios económicos derivados de las utilidades de la empresa, siendo además director suplente”, se expuso en la formalización.
Por último, tampoco se inhabilitó en noviembre de 2019, cuando el Consejo Municipal aprobó un contrato de suministro de impresión gráfica con el oferente “Cabrera y Jobin Publicidad Ltda.”, cuyo nombre de fantasía es “Agencia Lunetas”. “De esta manera, el imputado dio interés, debiendo impedirlo, a un tercero asociado con él, y con su hermana y sus sobrinas”, explicó el fiscal Sergio Pérez.
En esta investigación hay dos querellas, una presentada por un particular y otra que interpuso el Consejo de Defensa del Estado.
La Fiscalía solicitó para el imputado las medidas cautelares de prohibición de salir del país y firma mensual en Carabineros, a lo que accedió el Juzgado de Garantía de Chillán, el que, además, decretó un plazo de cinco meses para la investigación.
