En prisión preventiva quedó Rodrigo Aránguiz Pailacura, de 30 años, quién fue formalizado por el fiscal jefe de San Carlos, Rolando Canahuate Ronda, por los delitos de robo con intimidación, violencia y secuestro, y abuso sexual agravado; y por robo con intimidación y secuestro. Esto, por dos hechos que afectaron a conductoras de vehículos en la ciudad de San Carlos, el 23 y el 25 de este mes.
En ambos casos actuaba de la misma forma: se subía por la puerta del copiloto, aprovechando que las puertas estaban sin seguros, amenazaba a sus víctimas con un cuchillo y las obligaba a recorrer varias calles de la ciudad. En el camino se iba apropiando de especies como celulares, joyas y dinero en efectivo. En el primer caso, además de robar realizó diversos actos de connotación sexual en contra de la mujer, siempre manteniéndola amenazada con el cuchillo. Además la grabó con el propio celular sustraído, enviando las imágenes a la pareja de la víctima.
Gracias al trabajo de la Fiscalía, de la Brigada De Investigación Criminal (Bicrim) de San Carlos y de peritos de los laboratorios de criminalística de la PDI de Chillán y Concepción, se logró dar con el imputado, quien ofrecía las especies sustraídas por internet, puntualmente por Facebook.
Tras la autorización del Juzgado de Garantía de San Carlos se allanó la noche del domingo la casa donde se alojaba el detenido, hallándose las ropas que usó en el segundo hecho, el cuchillo y los artículos que robó. Estos últimos estaban escondidos en el entretecho.
Las dos víctimas reconocieron al imputado y también lo hizo una tercera conductora que corrió mejor suerte que las anteriores, ya que tenía los seguros de sus puertas cerrados, por lo que el detenido no pudo ingresar al automóvil.
El imputado tiene una serie de condenas por delitos contra la propiedad, la mayoría de ellas por ilícitos cometidos en Santiago. De hecho, había salido de la cárcel recién el 2 de abril pasado, hace menos de un mes.
El magistrado Carlos Benavente al decretar la prisión preventiva solicitada por el fiscal Rolando Canahuate acogió los planteamientos realizados por el persecutor, afirmando que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y para las víctimas, que hay peligro de fuga, que se trata de delitos de gran gravedad y atendiendo, además, al número de delitos.
El Juzgado de Garantía de San Carlos decretó cinco meses de plazo para la investigación. El formalizado fue derivado a la cárcel de Chillán.
Las víctimas, en tanto, están siendo apoyadas por la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Ñuble.
