De arresto domiciliario a firma quincenal y arraigo nacional. Esa fue la decisión que adoptó la Corte de Apelaciones de Valdivia luego de revisar la cautelar existente de arresto domiciliario total que había decretado el Juzgado de Garantía de Panguipulli para Juan González Iturriaga , investigado en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple en contra de malabarista Francisco Martínez el 5 de febrero pasado.
El tribunal, por dos votos contra uno, consideró que hubo «legítima defensa» en el actuar del efectivo policial y se determinó cuatro meses de investigación. Con esto, la Corte valdiviana acogió la solicitud de la defensa, desestimando la petición de las partes querellantes que solicitaba prisión preventiva para el funcionario policial.
Los ministros Juan Ignacio Correa y María Elena Llanos estimaron que de acuerdo a las evidencias disponibles se podría configurar la hipótesis de legítima defensa. En tanto, Luis Aedo fue quien se inclinó por mantener la medida cautelar decretada en primera instancia, “en virtud de sus propios fundamentos y en el marco de la decisión de la fiscalía de formalizar por homicidio simple”.
