La diputada del PPD, Loreto Carvajal -junto a un grupo transversal de diputados desde el Frente Amplio a la UDI- presentó una iniciativa que modifica la Ley General de Educación con el objeto de sancionar el hostigamiento cibernético circunscrito en el marco del acoso escolar.
“Nuestro Código Civil ya establece que los padres son responsables sobre los delitos civiles que cometan sus hijos menores, por lo tanto, consideramos procedente que en estos casos, que los padres, como representantes legales de los menores, asuman las consecuencias que pudieren generar sus hijos con sus conductas abusivas, obligándolos a reparar el daño mediante la indemnización correspondiente”, explicó la diputada Carvajal.
La parlamentaria agregó que “en esta moción se propone además, incorporar sanciones del tipo penal a los mayores de edad que son parte de la comunidad educativa, y que cometan actos de violencia psicológica en contra de uno o más estudiantes, valiéndose de medios cibernéticos. Lo anterior, debido a que las sanciones para la violencia física ya se consagran en la legislación penal, pero para el caso de violencia psicológica, quedaría al arbitrio de la sanción administrativa o disciplinaria interna, impuesta por el Establecimiento Educacional, cuya consecuencia máxima sería el despido. Por ello, buscamos sancionar a los responsables de este tipo de acoso, con reclusión menor en su grado mínimo a medio, esto es, 61 a 540 días, además de la indemnización a favor de la víctima”.
“Creemos importante que este proyecto pronto se convierta en ley, puesto que lo que queremos nosotros es profundizar la temática y la reglamentación y sobre todo la norma respecto al acoso cibernético o más bien llamado el Ciber-Bullying. Hemos sido testigos no solo a nivel nacional sino que internacional respecto de las consecuencias de lo que acarrea el acoso cibernético, que lamentablemente ha llevado al suicidio a niños y jóvenes”, explicó la legisladora.
Loreto Carvajal indicó que “esta iniciativa es un llamado también a educar, a prevenir y a poder supervisar las acciones de nuestros hijos cuando se trata de dañar a otros por medio de aparatos electrónicos. Aquí también hay una responsabilidad de los padres que no se puede negar”.
