Consideramos como Colegio de Periodistas en el marco del aniversario 69 de la Orden hoy 11 de julio, vemos con preocupación la moción parlamentaria descrita en el boletín N° 17.484-07, que representa a nuestro juicio, situaciones que ya están normadas por las leyes actuales (Código Procesal Penal por ejemplo o Estatuto Administrativo) y avanza en poner mayores restricciones a la labor informativa.
Ahora bien, nos parece fundamental que periodistas y medios de comunicación marquen con claridad la diferencia entre la filtración de denuncias individuales y la publicación de información de evidente interés público. Lo primero debe evitarse; lo segundo es parte esencial del rol que cumple el periodismo en una sociedad democrática.
La información sobre procesos judiciales, cuando se divulga de manera responsable, permite a la ciudadanía conocer cómo se administra la justicia, lo que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los operadores judiciales. Además, es un elemento de transparencia y de acceso a la información altamente valorado por la ciudadanía.
Recordemos que, en los últimos años, el periodismo de investigación en Chile ha jugado un rol fundamental en el combate a la corrupción y los abusos de poder. La sociedad chilena no habría podido informarse sobre el Caso PENTA, SQM, la corrupción en el Ejército, “Caso Audio” o los antecedentes de la denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve, si normas como está hubiesen estado vigentes. La persecución penal a periodistas no resuelve los casos de corrupción política o empresarial; al contrario, los protege.
Hemos conocido preocupantes casos de persecución que muestran la desprotección del periodismo de investigación, profesionales que enfrentan amenazas, espionaje por parte de servicios de inteligencia, acoso digital y el hostigamiento judicial mediante el abuso de la querella de injurias y calumnia para desincentivar ser objeto de interés periodístico. Para reforzar la labor del periodismo de investigación se requieren mayores garantías a las que contempla el marco normativo actual.
Nuestro mandato, como organización defensora de la libertad de expresión, es incidir para que en Chile la labor periodística se realice bajo condiciones de seguridad y evitar el aumento de las agresiones a la prensa como ha ocurrido en otros países del continente.
Tal como está la propuesta nos parece que expone a los y las periodistas a un mayor riesgo, ya que puede estimular el acoso judicial como herramienta de amedrentamiento para impedir la cobertura de temas sensibles. Además, colisiona con el derecho a la reserva de fuente informativa, herramienta esencial para el desarrollo de periodismo, protegida por el artículo Nª 7 de la ley 19.733. Este mismo marco legal ya establece responsabilidades y sanciones para la difusión inadecuada de información en procesos judiciales.
Esperamos que se reflexione en torno al tema, y que los honorables senadores puedan revisar si es pertinente avanzar en poner sanciones a quienes informan, porque eso sería atentar contra la libertad de expresión, no respetando así los estándares internacionales y dañando la democracia en nuestro país.
Por Marcel Gaete
Presidente del Consejo Regional Ñuble del Colegio de Periodistas de Chile
