El Ministerio de Salud implementó una modificación al reglamento que regula el cumplimiento de la Ley de aborto en tres causales, esto, con el fin de desambiguar algunos elementos que, en palabras de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, «han sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo, lo que, en la práctica, podría traducirse en un riesgo para los derechos que se garantizan a las mujeres«.
La resolución de la administración Piñera, firmada por el ministro Emilio Santelices, deja sin efecto el anterior reglamento y lo reemplaza por un documento denominado «Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario».
Dos de los principales aspectos incluidos en el rediseño fueron:
- Las instituciones que se declaren objetoras de conciencia podrán mantener convenios vigentes con el Estado. Este cambio levanta la prohibición expresada en el texto anterior
- Las instituciones que estén acogidas al derecho de no practicar el aborto en tres causales deberán derivar a todas las pacientes que precisen el procedimiento a otras instituciones de salud privadas o públicas. Este protocolo deberá aplicarse dentro de un lapso definido de tiempo y el centro de salud acogido a la objeción deberá costear los gastos que genere el traslado.
De acuerdo al reporte de Radio Cooperativa, voces de oposición se manifestaron contrarias a la determinación del Ejecutivo. Es el caso de Juan Luis Castro (PS), quien en su calidad de presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, abundó calificándola como «inaceptable» y anunció que intentará impugnarlo por la vía jurídica.
Según Castro, que las instituciones de salud que expresen objeción de conciencia no reciban financiamiento derivado del seguro público, permite «evitar que haya una suerte de colusión», y añadió la interrogante de «¿qué sucedería si múltiples clínicas o todas las clínicas pudieran, eventualmente, adherirse a la objeción de conciencia y estuviesen recibiendo, en objeción de conciencia, pacientes derivados del sistema público?».
