Hacinamiento, déficit en infraestructura, largas horas de encierro y de falta de alimentación de los internos, son algunas de las conclusiones emanadas del lapidario informe sobre la situación que enfrentan las cárceles en Chile, y que fueron dadas a conocer ayer por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.
A nivel local, el diputado electo Gustavo Sanhueza (UDI), sostuvo que si bien se trata de un problema serio que afecta a todo el país, el caso de la cárcel de Chillán debe ser abordado como prioridad en el próximo Gobierno.
«El informe emitido por el fiscal judicial de la Corte Suprema va a generar un remezón en todas las instituciones involucradas con el tema carcelario, lo que significa que es el momento propicio para acelerar las gestiones orientadas a la búsqueda de un terreno para la cárcel de Ñuble», comentó el nuevo legislador de la UDI.
El diputado electo pedirá formalmente al Ministerio de Justicia un pronunciamiento sobre esta materia, acción que se suma a las gestiones ya realizadas por el senador Víctor Pérez y el alcalde Sergio Zarzar.
En relación a la búsqueda de un terreno definitivo para el recinto penal, Sanhueza indicó que será fundamental la voluntad de colaboración de los alcaldes de Ñuble, «quienes deben comunicar al ministerio la información de los terrenos más idóneos». Sin perjuicio de ello, Sanhueza es de la idea que sea el propio Gobierno quien tome la decisión definitiva.
«Nos parece inhumano y un atentado a la dignidad de las personas el estado de las cárceles en Chile, donde además tenemos la responsabilidad de que las familias de los internos dispongan de un acceso adecuado. La nueva cárcel de Ñuble debe ofrecer las condiciones necesarias para una verdadera reinserción social».
El diputado electo de Chile Vamos agregó que el sistema actual debe considerar penas alternativas para las personas condenadas por delitos menores, como el trabajo orientado a la comunidad o a la mantención física de las ciudades.
«Seguir aumentando la población penal es agudizar el problema de hacinamiento, lo que se suma a un costo para el Estado que a larga es imposible de solventar», concluyó.
