Expertos de la Universidad de Chile dieron a conocer un estudio elaborado en conjunto con investigadores de la Universidad Católica y Adolfo Ibáñez. Se trata de un análisis encargado durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para definir mediadas que combatan el aumento explosivo de la obesidad en Chile.
El alza que ha tenido la prevalencia de la obesidad en nuestro país durante la última década es una de las más grandes del mundo, también en el incremento de personas diabéticas.
Una de las propuestas arrojadas por el estudio que más ha llamado la atención es la idea de aumentar los impuestos a los alimentos ricos en sodio, azúcares y grasas, a través de una fórmula que multiplica cada gramo de azúcar contenido en cada alimento por $1,9, $31 en el caso de la grasa y $23 para el sodio. Al total de las tres cifras se incorporaría el IVA.
Esta proporcionalidad entre precio y agentes nocivos para la salud, se traduciría en que alimentos como un kilo de vienesas, que hoy puede comprarse por aproximadamente $2000, pasaría a costar $10000, mientras que la mayonesa, en una presentación de 800 gramos, podría llegar a los $4000.
Lo que puede parecer excesivo a los ojos de los consumidores, para el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Carlos Cuadrado, tiene sentido en tanto «el precio que los consumidores pagan por esos alimentos no está considerando hoy las consecuencias que tiene para la salud que pagamos entre todos. Eso se llama externalidad» y que «con este impuesto se pagaría el gasto en salud, y las pensiones de invalidez que se producen por enfermedades prematuras».
Según señalan los investigadores, si las enfermedades asociadas a estos alimentos siguen en alza, se volverá totalmente insostenible para el sistema de salud el poder enfrentar las consecuencias que tiene para la población esta alta carga de morbilidad. Por ello refuerzan como el único camino real, en el mediano y largo plazo, que existan medidas preventivas estructurales y efectivas.
Sobre la viabilidad de este tipo de medidas, al darse a conocer estos resultados, la investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta) Camila Corvalán, señaló que «si uno lo mira desde un punto de vista concreto de aplicabilidad, nosotros avanzamos en tener reuniones con impuestos internos y organismos que lo tendrían que ejecutar, y la verdad es que no hay ninguna imposibilidad práctica. Si lo miramos ya desde una perspectiva de economía política, por supuesto que ahí hay otras transacciones que hacer, que son más bien del orden político».
Por su parte, Cuadrado considera esta iniciativa como clave para combatir la obesidad: «En todos los países donde se han aplicado impuestos o modificaciones de precios a los alimentos, como México, Dinamarca y Hungría, esto generó modificaciones en el consumo de las personas (…) La población es elástica a diferencias de precios y esa elasticidad suele ser mayor en los niveles socioeconómicos más bajos, lo que significa que la población que consume en mayor cantidad estos nutrientes críticos o alimentos más ultraprocesados, son los que responden más a los incentivos de precios», señaló.
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